El Blog de las subastas inmobiliarias de subastasde.com

El director del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, ha dicho hoy que la velocidad a la que los bancos deben deshacerse de sus inversiones potencialmente problemáticas relacionadas con el sector inmobiliario dependerá de cada entidad y de la evolución del mercado. Durante una jornada organizada por “El Nuevo Lunes” y la gestora del Santander, Malo de Molina se refirió a los datos adelantados ayer en el Informe de Estabilidad Financiera publicado por el Banco de España correspondiente a octubre, que estimaba que estos activos se situaban a finales de junio en 181.000 millones de euros.

Malo de Molina explicó que la labor reguladora del Banco de España está hecha, estableciendo los mecanismos de prudencia para que las entidades cuenten con las provisiones necesarias que garanticen la cobertura de estos activos.
El Informe de Estabilidad calculaba que las provisiones específicas, destinadas a cubrir créditos dudosos, alcanzaron el 26,6% en junio, aunque si se toman en consideración las genéricas, -las que se dotan en función del crecimiento del volumen de negocio crediticio y se usan en tiempos de crisis-, el ratio alcanzaría el 33%.

Malo de Molina recordó que la crisis económica y financiera global puso a prueba la capacidad del sistema para absorber los excesos del sector inmobiliario, que en otras ocasiones anteriores se habían asumido de forma suave.
En esta ocasión, explicó, el ajuste se hizo de forma abrupta y no gradual, tanto en términos de cantidades como en precios, y recordó que el Banco de España ya había advertido en 2003 sobre la sobrevaloración de los precios de la vivienda.

El sector bancario español resistió muy bien la primera oleada de la crisis financiera, la que coincidió en el otoño de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, ya que apenas estaba expuesto a aquellos activos.

Sin embargo, cuando estalló la burbuja inmobiliaria las entidades estaban estrechamente relacionadas con la actividad económica española y, en especial, con el sector de la construcción e inmobiliario, donde empezaron a deteriorarse los activos como consecuencia del aumento de la morosidad.

Tanto la contracción del crédito como el ritmo de aumento de la morosidad ha comenzado a mejorar, indicó Malo de Molina, que reconoció que aunque los criterios de concesión de crédito a familias y particulares han dejado de endurecerse y comienzan a normalizarse, todavía no se han relajado del todo.

El proyecto de cesión de activos del FROB ha valorado a Cajasur con unos fondos propios negativos de 686 millones de euros, dado que la masa patrimonial a 31 de agosto de 2010 no incluye las participaciones preferentes del FROB ni las inyecciones recibidas. Esto significa, a efectos prácticos que Cajasur está en quiebra técnica si no se cuenta con las ayudas públicas.

Esta valoración implica un pago simbólico de un euro por parte de BBK al cabildo catedralicio y a la Diputación de Córdoba en el proyecto de cesión de activos y pasivos, frente a los 20 millones de euros que reclamaba el cabildo catedralicio a Cajasur según su propia valoración. La justificación que tiene el clero para argumentar sus datos se basan en que las provisiones por deterioro de activos no se han materializado y por tanto, la hipotética quiebra técnica no es tal y que hay que revisar el valor contable.

Las pérdidas acumuladas durante el 2009, por valor de 590 millones de euros junto con las pérdidas del primer semestre, por importe de 196 millones de euros han dilapidado los fondos propios de la caja y lo peor de todo es que, desde principios del 2008, esta situación se esperaba y todos los implicados han mirado para otra parte hasta que ha sido inevitable.

Lo que más duele en todos estos casos es que la gestión ha sido pésima y absolutamente todos los gestores y propietarios de la caja que la han llevado a la ruina literal, campan a sus anchas y no van a dar explicaciones jurídicas de ningún tipo. En las empresas, si un administrador quiebra su empresa, antes o después responde con su patrimonio, sobre todo si ha existido negligencia en la gestión. En el sector financiero, esto no pasa, véase el caso Moltó y ahora también, al extinto consejo de administración de Cajasur. Aquí, las responsabilidades son para los otros.

fuente: elblogsalmon

La entidad madrileña ha dejado de ganar un 63% menos debido a las nuevas exigencias contra la morosidad que ha impuesto el Banco de España.

La nueva normativa le ha costado 260 millones de euros de sus beneficios, lo que corresponde a un 62,8% por debajo del mismo periodo del año anterior. A pesar de estos datos, Caja Madrid confía en cerrar en positivo el balance del año.
No todo es negativo en torno a la caja madrileña, Caja Madrid ha conseguido 134 millones en plusvalías con la venta de su participación en la entidad marroquí Attijariwafa Bank. Según han informado miembros de la caja, este dinero lo destinarán íntegramente a dotar provisiones contra la morosidad.

Para subsanar esta situación, Caja Madrid constató este lunes que las entidades financieras están acelerando la venta de pisos (se deshizo de 2.292 inmuebles hasta septiembre) y admitió que ya ha empezado a vender algún solar a promotores y a inversores particulares.

La agencia de calificación de riesgos Moody´s discrepa del criterio elegido por el Banco de España para determinar la morosidad del sistema bancario español. Desde su punto de vista, si se contabilizan todos los activos inmobiliarios que bancos y cajas se han adjudicado, la mora sería superior a la contabilizada por el supervisor bancario (el 5,62% en agosto). A finales del 2009, estos activos habían alcanzado un saldo de 59.700 millones de euros. Suponiendo que hayan evolucionado en paralelo a la subida de la morosidad contable, la ratio real de morosidad se habría situado en agosto en el 9,2%.

Muchos bancos y cajas rechazan que los activos canjeados se incluyan en el cálculo de la morosidad, práctica común de las agencias de rating y los analistas extranjeros. Moody´s reconoce que los bancos y las cajas están realizando provisiones para cubrir los activos inmobiliarios: la última cifra oficial, del pasado diciembre, es de 13.000 millones. Las provisiones contra la morosidad del sistema en agosto sumaban 61.100 millones.

Los embargos que terminaron delante del juez aumentaron un 126% en 2008 y un 59% en 2009 en sus tasas interanuales. Sólo en el primer trimestre de 2010 hubieron 27.561 ejecuciones hipotecarias. Son datos de la agencia de análisis de riesgos, Moody’s investor Service. Estos datos cuantifican el nivel de deterioro de la economía española y su falta de liquidez que obliga a los bancos a forzar las ejecuciones hipotecarias.

Antes, cuando la economía era más favorable, las personas con problemas para pagar la hipoteca de su casa podían venderla y hacer frente a la deuda. Pero ya no es así y los bancos se han visto forzados ejecutar muchas hipotecas. En áreas donde los tribunales están saturados y la ejecución de la propiedad puede alargarse en el tiempo, los prestamistas recurren a actuaciones extra judiciales.

Propiedades ‘reposeídas’
Moody’s también destaca que el muy elevado número de ejecuciones hipotecarias registradas que se han llevado a los tribunales en España desde 2007 infravalora el número actual de propiedades que han sido “reposeídas” por las entidades financieras españolas por varios motivos. En primer lugar, porque cada proceso individual de ejecución puede implicar a más de una propiedad residencial, como en el caso de las ejecuciones que afectan a una promoción inmobiliaria en la que se inscriben más de 20 viviendas. En segundo lugar, porque los prestamistas hipotecarios en España son, en general, más proclives a aceptar acuerdos voluntarios que implican aceptar la propiedad como pago en especie que libera al deudor del préstamo contraído. Según los datos del Banco de España que maneja Moody’s, los bancos y las cajas de ahorros en España tienen en la actualidad propiedades inmobiliarias por importe de unos 20.500 millones de euros.